Un total de 1.176 personas se encuentran privadas de libertad en Cuba por motivos políticos, según el más reciente informe publicado por la organización Prisoners Defenders (PD) con cierre de datos al 31 de julio de 2025. La cifra incluye condenados y procesados sin garantías judiciales.

Durante el mes de julio, 25 nuevos prisioneros políticos fueron incorporados a la lista de PD, mientras que siete salieron de la misma: seis por cumplimiento íntegro de sus condenas y uno por fallecimiento. Se trata de Yan Carlos González, quien murió tras una prolongada huelga de hambre que realizaba como protesta por su encarcelamiento, el cual calificó como “arbitrario”.

En los últimos 12 meses, entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, se sumaron 141 nuevos casos, lo que equivale a un promedio mensual de 12 nuevos prisioneros políticos, según el reporte. En total, desde julio de 2021 hasta julio pasado, PD ha registrado 1.869 personas encarceladas por motivos políticos en Cuba.

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El informe señala que “474 prisioneros políticos presentan patologías médicas graves”, en su mayoría relacionadas con “la falta de alimentación, los maltratos y la carencia de atención médica adecuada”. Además, se documentan 40 casos de personas con trastornos mentales sin acceso a tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.

Entre los encarcelados figuran 124 mujeres (79 de ellas en “régimen carcelario-domiciliar”), 221 personas condenadas por el delito de sedición —con penas promedio de 10 años de prisión— y 33 menores de edad detenidos, incluidos 15 ya sentenciados por sedición.

Prisoners Defenders clasifica a los detenidos en tres categorías: 691 “convictos de conciencia” —encarcelados por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión o de asociación—, 449 “condenados de conciencia”, que enfrentan medidas restrictivas de libertad, y 36 “otros prisioneros políticos”.

La organización afirma que el sistema judicial cubano impone “sentencias sin supervisión judicial, debido proceso o defensa efectiva”, lo que, según la organización, representa “una violación flagrante de la ley internacional”.

Estados Unidos sancionó a miembros de alto rango del Cártel del Noreste (CDN), con sede en México, anteriormente conocido como Los Zetas, por su implicación en asesinatos, decapitaciones, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero, entre otros crímenes cometidos por esta organización.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dijo que CDN es una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México, que ejerce una influencia negativa a ambos lados de la frontera, específicamente en el punto de entrada de Laredo, Texas, y en las ciudades fronterizas mexicanas de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Piedras Negras, Coahuila.

El papel del cártel en el tráfico de fentanilo y el tráfico de personas hacia Estados Unidos pone en riesgo la vida de los estadounidenses, indicó un comunicado del Tesoro.

“Bajo la presidencia de Trump, el Departamento del Tesoro seguirá siendo implacable en su esfuerzo por priorizar a Estados Unidos, combatiendo a los cárteles terroristas de la droga. Estos cárteles envenenan a los estadounidenses con fentanilo y llevan a cabo operaciones de tráfico de personas a lo largo de nuestra frontera suroeste”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros aliados en las fuerzas del orden, se compromete a un ataque frontal contra los cárteles, atacando a sus líderes y las fuentes de ingresos que posibilitan sus atroces crímenes”.

Los sancionados son:

Abdón Federico Rodríguez García "Cucho", el número dos del CDN, está involucrado en narcotráfico, lavado de dinero, robo de combustible, extorsión y ordenar ejecuciones.

Antonio Romero Sánchez "Romeo" es un miembro de alto rango del CDN y ha liderado operativos en Piedras Negras, Coahuila y Ciudad Victoria, Tamaulipas y ha sido vinculado a numerosas ejecuciones y decapitaciones, así como al intento de asesinato de un funcionario del gobierno de Nuevo Laredo en 2025.

Franky Esqueda "Franky de la Joya", ha estado involucrado en las operaciones del cártel desde que operaban como Los Zetas y es responsable de agredir a un miembro del ejército mexicano —la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)— y de comandar un ataque a un helicóptero de la SEDENA durante el arresto de González, líder del CDN.

Ricardo Hernández Medrano "El Makabelico o Comando Exclusivo", es socio de CDN y un conocido narco-rapero. Sus conciertos y eventos se utilizan para blanquear dinero en nombre de la organización, y el 50% de sus regalías provenientes de las plataformas de streaming se destina directamente al grupo.

Esta es la segunda medida de la OFAC dirigida a líderes y afiliados del CDN en los últimos tres meses. El 21 de mayo de 2025, la OFAC designó a dos miembros de alto rango y traficantes de armas del CDN: Miguel Ángel de Anda Ledezma y Ricardo González Sauceda (González).